Una "fábrica de impunidad" en la República Dominicana

Ilustración de fuente externa.

Por JM Rodríguez

La impunidad es un mal que nos persigue desde mucho tiempo atrás.Es parte de la cultura política de los países menos desarrollados como lo vivimos en el presente, aunque también se manifiesta en los llamados "desarrollados" o civilizados en términos históricos.
Pero la impunidad es más verificable en aquellas naciones donde las instituciones y la institucionalidad son más débiles.
Latinoamérica, el lugar donde nos encontramos, es típico que aparezcan denuncias de componendas y debilidades en el marco jurídico que favorece a la corrupción, la corruptividad, el crimen, el robo, la burla a las leyes y ha sido salpicado el accionar en los campos público-privado.

Pero ya en la Francia, en pleno proceso de cambios históricos, los pensadores advertían y se quejaban de que la impunidad benefiaba sólo a  la burguesía. Se decía que los pobres cuando cometían errores de tipo penal, tal vez impulsados por la desposeción de recursos, por la inequidad que siempre ha prevalecido, encontraban el castigo de los jueces, pero cuando la violación a las leyes, a las normas éticas y sociales que incluía la corrupción era por parte del burgués o del aristócrata, los jueces "miraban hacia otro lado", construyendo su propia impunidad sistémica.

No lejos, en http://es.wikipedia.org/ encontramos lo que se define como impunidad. Veamos:
Impunidad es una excepción de castigo o escape de la multa que implica una falta o delito. En el derecho internacional de los derechos humanos, se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas. La impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades.

En el portal http://www.impunidad.com/ encontramos que desde 1987 al mes de abril del 2013 en latinoamérica se registraron 409 asesinatos y 25 desapariciones para un total de 434 casos pendientes por aclarar. Específicamente se refiere a periodistas asesinados y desaparecidos en ese período, y ellos mismos aclaran que las cifras pueden variar por países. La Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo desde 1995 adoptó la decisión de buscar sanciones llevando los casos de periodistas asesinados y desaparecidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De 27 casos sometidos, fueron admitidos 12.

Lo dramático es que estos casos de falta de castigo se verifican a pesar de los esfuerzos de los países en crear sus propias herramientas de control, leyes, instituciones, decretos etc.

La impunidad no solo beneficia a los criminales, sino también a los políticos corruptos con el manejo de la Cosa Pública.

En Europa, Amnistía Internacional ha dado la voz de alarma ante casos de impunidad alrededor de policías que reprimen y maltratan en medio de las protestas cívicas y no son sancionados. Señala en un informe que "Es “esencial” para AI que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “respeten las normas internacionales”.

No es un mal de latinoamérica, ni de Europa, podría decirse que de casi todos los países donde existe la debilidad institucional, donde la justicia es sobornable o poroza, y donde el Poder Político protege a sus delincuentes mediante el "brazo invisible", pero efectivo.

REPUBLICA DOMINICANA

La República Dominicana es de los países señalados como de los más notables en registro de casos de impunidad.

Una organización privada, Participación Ciudadana ha dado a conocer que "Cientos de casos de corrupción han sido denunciados en 20 años de función pública en distintos gobiernos, de esos Participación Ciudadana analizó 227 casos graves, de los cuales sólo 6 tuvieron sentencias definitivas, dejando a los demás sumergidos en el imperante mal de la impunidad.

Pero la gravedad del caso llega más allá. De las seis sentencias definitivas, en cinco casos los acusados fueron absueltos y sólo en un caso hubo una condena.

Los datos se encuentra en un informe puesto a circular recientemente por Participación Ciudadana, bajo el título “La Corrupción Sin Castigo”. Se trata de una compilación de casos denunciados en los medios de comunicación desde el 2000 hasta el 2013, sin que hasta el momento haya condena alguna para los cientos de estafas, malversación de fondos, corrupción, asociación de malhechores y otros decenas de delitos que se cometen desde los puestos públicos de los diferentes gobierno.

En esta ocasión Participación Ciudadana reseña 94 casos de corrupción que fueron denunciados a través de los distintos medios de comunicación, donde la mayoría, llegan a las manos de la justicia pero perecen en el camino o son arrojados al olvido.

A lo largo de 13 años 155 involucrados en casos de corrupción han acaparado las primeras planas de los periódicos, entre ellos funcionarios, sus familiares y empresas proveedoras del Estados ocupan los primeros puestos.

Pero hay más, la comunidad en su mayoría desconfía de la gestión judicial. Es en el marco de lo jurídico donde se verifica el hecho sin posibilidad de sanciones. Es cultura en el ámbito judicial,pese a los aparentes esfuerzos que del Ministerio Público se presenten expedientes mal elaborados con la finalidad de que o no sean admitidos o se caigan durante un proceso abierto. También se "desaparecen" expedientes o pruebas, y cuando algunas logran llegar a juicio, tras un periplo de maniobras, entonces los jueces no pueden sancionar por inadmisibles o mal instrumentados o porque las pruebas no son suficientes.

En el informe de Participación Ciudadana se indica que "En 257 páginas, la edición recoge 94 denuncias de corrupción en las que están involucradas instituciones gubernamentales y personas. El libro incluye denuncias no solo de la oposición política o de entidades dedicadas al tema, sino que además presenta acusaciones provenientes de organismos oficiales.
Alega que de los casos reseñados se encuentran en diferentes situaciones extraprocesales y procesales, como son denuncias simples en los medios, denuncias o querellas ante el Ministerio Público, donde están en fase de interrogatorios o investigación; etapa preliminar o de juicio; y otros ya concluidos cuyas decisiones varían desde el archivo, auto de no ha lugar, absolución, descargo, puesta en libertad y se resaltan solo 8 condenas.

Hay un caso notable de un político con el que ha sido imposible procesarlo en los tribunales, pese a las pruebas presentadas en el marco de su alegada responsabilidad con un contrato a una firma norteamericana para la ejecución de obras públicas.

El brazo de la complicidad desde el poder es más poderoso que las leyes, las instituciones y la voluntad de aplicar castigo a los responsables de hechos de corrupción alrededor de la Cosa Pública  y el enriquecimiento ilícito.
Tal vez aquí pueda incluirse la frase que se escribió en el "Globe" en la Francia de 1825: "El hombre no ha sido creado sólo para cantar, creer y amar... La vida no es un destierro, sino una llamada a la acción".